La muerte del león Cecil, abatido en Zimbabue en 2015, se convirtió en un símbolo mundial de la brutalidad de la llamada caza de trofeos. Aquella indignación, sin embargo, no consiguió acabar con una industria que continúa funcionando a escala internacional y que permite que elefantes, leones, jirafas, leopardos, hipopótamos, primates y otras especies sean perseguidos, abatidos y convertidos en cabezas disecadas, colmillos, pieles o extremidades destinadas a colecciones privadas.
El problema no es únicamente que estos animales mueran. Es que, en numerosos casos, su muerte constituye precisamente el objetivo de la actividad: matar al ejemplar más impresionante, conservar una parte de su cuerpo como trofeo y exhibirla como símbolo de estatus, éxito o destreza.
Como sociedad del siglo XXI, no deberíamos mirar a otro lado ante tanta barbarie. No es aceptable matar por entretenimiento. Tampoco a animales salvajes, aunque no se tratara de especies protegidas o amenazadas, únicamente porque determinadas legislaciones permiten hacerlo y porque existe un mercado dispuesto a pagar por ello.
España, sexto importador mundial de trofeos
Los datos recogidos en el informe difundido junto a la campaña internacional Ban Trophy Hunting sitúan a España en una posición especialmente relevante dentro de este negocio. Según datos de UNEP-WCMC citados en la investigación, España habría importado 934 trofeos durante el periodo analizado, convirtiéndose en el sexto mayor importador mundial, por detrás de países como Estados Unidos y México.
El informe señala además que España figura entre los principales destinos de trofeos de elefante y constituye uno de los mercados destacados para los trofeos de jirafa. Los cazadores españoles aparecen asimismo entre los principales importadores de trofeos de oso pardo y antílope lechwe.
No se trata de una cuestión anecdótica ni de una afición malvada de cuatro enfermos, sin consecuencias internacionales. Las cifras dibujan la imagen de un país que participa de manera significativa en esta actividad cuya legitimidad ética y ambiental es absolutamente nula.
Tres españoles entre los cazadores más letales
Uno de los aspectos más perturbadores de la caza de trofeos es la forma en que algunos de sus protagonistas se jactan de sus actos criminales. En los materiales de la campaña Ban Trophy Hunting aparecen testimonios de cazadores que hablan de la descarga de adrenalina provocada por disparar a animales y de la dificultad de abandonar esa actividad, comparándola con la adicción a la heroína.
El informe citado por la campaña internacional también identifica a tres españoles entre los cazadores con mayor número de animales salvajes abatidos. José Martí aparece, según el documento, en el octavo puesto mundial, con 828 animales abatidos. Marcial Gómez figura en el undécimo, con 817. El informe recoge también la trayectoria del fallecido Antonio Sánchez-Ariño, quien afirmó haber matado más de 4.000 animales, entre ellos 1.300 elefantes y 340 leones, y haber establecido como récord personal la muerte de 20 elefantes en 75 minutos. No hay palabras para describir tanta maldad.
Especies protegidas: la gran contradicción
Uno de los mayores problemas reside en la aparente contradicción entre la protección internacional de determinadas especies y la existencia de mecanismos legales que permiten su caza y posterior comercio bajo determinadas condiciones.
La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) establece controles sobre el comercio internacional de numerosas especies. Pero estar incluido en un régimen de protección no significa necesariamente que todos los ejemplares estén a salvo de la caza de trofeos.
El resultado es un sistema complejo en el que animales pertenecientes a especies amenazadas pueden acabar siendo abatidos legalmente en determinados países y partes de sus cuerpos pueden posteriormente atravesar fronteras con permisos y autorizaciones.
Una industria que no puede esconderse detrás de la palabra “conservación”
Uno de los argumentos utilizados para defender la caza de trofeos es que los ingresos generados por determinadas expediciones contribuyen a financiar la conservación de especies y proporcionan recursos a comunidades locales. Una manera de blanquear el negocio, ya que existen alternativas basadas en la protección efectiva de los ecosistemas, el turismo de observación de fauna, la creación de empleo local, la inversión internacional y la participación de las comunidades que conviven con los animales salvajes.
La hora de la abolición
La campaña internacional Ban Trophy Hunting y la denominada “Declaración de Abolición” plantean pasar de intentar regular indefinidamente la caza de trofeos a trabajar para ponerle fin.
La iniciativa cuenta con el respaldo en España de INTERCIDS, Operadores Jurídicos por los Animales, que se han sumado a conservacionistas, profesionales, líderes políticos y personalidades internacionales, entre ellas el instituto Jane Goodall, el Dalai Lama, Paul McCartney, Mark Ruffalo y Pierce Brosnan, así como el expresidente de Botsuana Ian Seretse Khama, según la información difundida por la campaña.
No basta con indignarse: hay que cambiar las reglas
La indignación pública ante casos como el de Cecil no puede quedarse en las redes sociales ni en campañas puntuales. Si la sociedad considera que matar animales salvajes por entretenimiento es cruel e incompatible con la conservación de la biodiversidad, esa convicción debe traducirse en medidas legislativas, políticas y diplomáticas concretas.
Los gobiernos pueden prohibir la importación de trofeos. Los parlamentos pueden revisar las normas que facilitan su entrada y comercialización. Las instituciones internacionales pueden avanzar hacia acuerdos restrictivos. Y los países pueden trabajar conjuntamente para cerrar las vías legales que mantienen vivo un mercado cuya existencia depende de convertir la muerte de animales en un producto de lujo.
La respuesta debe ser necesariamente internacional porque la industria también lo es. Un animal puede ser abatido en África, sus restos trasladados a Europa y finalmente terminar expuestos en una vivienda privada a miles de kilómetros de donde fue asesinado.
España, como uno de los principales países importadores señalados por el informe, tiene además una responsabilidad especial. No basta con afirmar que los animales fueron abatidos legalmente en otro país. La legislación española y europea puede decidir si facilita, dificulta o impide que el resultado de esa muerte entre en nuestros mercados y hogares.
Por un futuro más justo
Las generaciones futuras difícilmente comprenderán que, en pleno siglo XXI, mientras la humanidad reconoce la gravedad de la pérdida de biodiversidad y la desaparición de especies, haya personas dispuestas a pagar para matar precisamente a algunos de los animales que más necesitan protección.
El verdadero símbolo de poder no debería ser la cabeza de un león sobre una pared sino conseguir que ese león siga vivo. El verdadero trofeo debería ser un ecosistema en el que los elefantes continúen caminando libres.
Y el verdadero progreso no consiste en encontrar nuevas formas de justificar la muerte de animales salvajes, sino en crear las condiciones legales, políticas y económicas que hagan imposible la caza de trofeos.
La abolición de la caza de trofeos no debería considerarse una aspiración utópica, sino un objetivo político y jurídico legítimo y urgente. Los gobiernos, los organismos internacionales y las instituciones europeas tienen herramientas para avanzar en esa dirección. Corresponde utilizarlas.
Autora: Montse Mulé, Editora
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