Un nuevo estudio de modelización a escala europea, encargado por ProVeg International, revela que si España orientara la contratación pública de alimentos en sus instituciones hacia un 85% de alimentos de origen vegetal, podría generar un ahorro de 988 millones de euros anuales —incluyendo costes sociales evitados—, además de reducir significativamente las emisiones y mejorar la salud pública a largo plazo.

ProVeg
Gráfico cedido por ProVeg International.

El estudio, llamado La oportunidad de 11.000 M€: liberar el potencial económico de la contratación pública rica en vegetales en la UE (The €11 Billion Opportunity: Unlocking the Economic Potential of Plant-Forward Public Procurement in the EU), ha sido elaborado por Bryant Research para ProVeg International y realiza análisis económicos de los 27 Estados miembros, incluyendo España.

El análisis se centra en seis tipos de instituciones públicas: centros escolares, universidades, residencias, hospitales, fuerzas armadas y prisiones. Modela tres escenarios de contratación pública —65%, 75% y 85% de alimentos de origen vegetal— frente a la situación actual, en la que España destina aproximadamente un 57% de su gasto institucional en alimentación a productos de origen vegetal.

Una gastronomía sostenible, impulsada por las instituciones públicas, no solo reduciría costes, sino que es una herramienta fiscal y de salud pública con un enorme potencial para nuestro país.

Así lo explica Verónica Larco, directora de comunicación de ProVeg España, quien destaca que los resultados obtenidos para España reflejan una tendencia similar a la observada en el conjunto europeo.

Principales conclusiones para España

988 millones de euros de ahorro anual

El escenario en el que el 85% de los alimentos servidos en las instituciones públicas fuera de origen vegetal supondría un ahorro total de 988 millones de euros al año.

Esta cifra equivale a 246 euros anuales por cada persona atendida en centros escolares, universidades, residencias, hospitales, fuerzas armadas y prisiones.

Impacto: el cálculo incluye el ahorro presupuestario directo y los costes sociales y medioambientales evitados.

Ahorro presupuestario

La contratación pública rica en vegetales permitiría ahorrar 274,5 millones de euros anuales directamente en los presupuestos destinados a alimentación.

Escenario: 85% de alimentos de origen vegetal.

Beneficios medioambientales

El cambio evitaría externalidades medioambientales valoradas en 317,4 millones de euros, relacionadas con el impacto climático, la contaminación del aire y el uso del suelo y del agua.

Emisiones: se reducirían 709.165 toneladas de CO₂eq al año.

Ahorro en salud

Los costes sociales evitados en salud y enfermedades cardiovasculares alcanzarían los 396,1 millones de euros anuales.

Estimación conservadora: el ahorro basado únicamente en el gasto sanitario observado ascendería a 15,7 millones de euros.

Menos emisiones

La reducción anual de 709.165 toneladas de CO₂eq equivaldría a retirar 354.583 coches de las carreteras españolas.

Equivalencia: calculada tomando como referencia dos toneladas de CO₂ anuales por turismo con motor de combustión interna.

Prevención de la obesidad

El estudio también subraya el papel de los comedores escolares en la prevención de la obesidad. Si se alcanzara el escenario del 85% de alimentos vegetales en la contratación pública de los centros escolares, podrían evitarse hasta 24.528 casos de obesidad en personas adultas a largo plazo.

Punto de partida: el análisis toma como referencia una tasa inicial de obesidad adulta del 15,2%.

¿Sigue España la tendencia europea?

El patrón español difiere del conjunto de la Unión Europea en un aspecto relevante. A escala comunitaria, los comedores escolares concentran cerca del 39% del consumo institucional de productos de origen animal, lo que los convierte en la palanca de cambio más potente del estudio europeo.

En España, en cambio, ese peso es menor, con un 24,5%, y se reparte de forma más equilibrada entre los centros escolares, las residencias y las fuerzas armadas, que juntas suman cerca del 70% del consumo institucional.

Esto indica que, a diferencia de otros países donde la reforma de la gastronomía escolar por sí sola capturaría la mayor parte del ahorro potencial, en España sería necesaria una estrategia que abarcase varios tipos de instituciones de forma simultánea para alcanzar el máximo impacto.

El ahorro crece con la ambición

El estudio modela tres escenarios de contratación pública para España, frente a la situación de partida, situada aproximadamente en un 57% de alimentos de origen vegetal.

Escenario Ahorro presupuestario Ahorro medioambiental Ahorro en salud Ahorro total
Situación inicial: ~57% vegetal 0 € 0 € 0 € 0 €
65% vegetal 75,8 M€ 87,6 M€ 109,3 M€ 272,7 M€
75% vegetal 175,1 M€ 202,5 M€ 252,7 M€ 630,3 M€
85% vegetal 274,5 M€ 317,4 M€ 396,1 M€ 988 M€

No se trata de un debate sobre estilos de vida, sino de un debate fiscal y estratégico.

Jasmijn de Boo, CEO global de ProVeg International, señala que España es uno de los países donde la contratación pública de alimentos continúa siendo una herramienta climática y sanitaria infrautilizada.

Según explica, si las instituciones públicas destinaran el 85% de su gasto en alimentación a productos de origen vegetal, España podría ahorrar 274,5 millones de euros directamente en los presupuestos alimentarios y cerca de 988 millones de euros anuales al considerar también los impactos ambientales y sanitarios.

Salud pública ahora y a largo plazo

En un análisis complementario de los costes sanitarios y considerando el escenario del 85%, España podría ahorrar 15,7 millones de euros en sanidad. Esta estimación se basa en el gasto público observado en la atención sanitaria relacionada con enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, cáncer colorrectal y otros tipos de cáncer atribuibles al consumo de carne roja y procesada.

Más allá del ahorro presupuestario, el estudio destaca el potencial de la alimentación institucional como herramienta preventiva, especialmente en los centros escolares, donde los cambios introducidos durante la infancia podrían generar beneficios sanitarios a largo plazo.

Una pieza del rompecabezas europeo

España forma parte de un análisis paneuropeo que estima un potencial de ahorro conjunto superior a los 11.000 millones de euros anuales para la Unión Europea si los 27 Estados miembros alcanzaran el objetivo del 85% de alimentos de origen vegetal.

Europa destina actualmente más de 45.000 millones de euros al año a la alimentación pública, una partida que el estudio identifica como una de las herramientas climáticas y sanitarias menos aprovechadas del continente.

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