La Asociación local de vecinos de As Conchas, municipio situado en la provincia gallega de Ourense, siete ciudadanos individuales y la Federación de Consumidores y Usuarios CECU han demandado a las administraciones públicas por no impedir la contaminación procedente de granjas intensivas o macrogranjas.
Acusan a la Xunta de Galicia (como responsable de la agricultura, la ganadería y la gestión medioambiental), la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (responsable de los recursos hídricos) y los Concellos de Bande, Muiños, Lobeira, Trasmiras y Os Blancos (municipios situados alrededor del embalse, encargados del abastecimiento de agua potable y el tratamiento de las aguas residuales) de violación de derechos humanos por permitir durante décadas la contaminación de las aguas de As Conchas derivada de las macrogranjas que han proliferado en la zona.
En concreto, recriminan a las administraciones públicas el permitir esta situación sin tener en cuenta el impacto que esta actividad genera sobre los vecinos, reiterando la vulneración de los derechos fundamentales a la protección de la salud y el bienestar. Los vecinos denuncian que durante más de dos décadas han convivido con la contaminación del agua y el hedor de los purines originarios de la cría de ganado porcino y aviar. Según señala Vegan FTA, los datos oficiales muestran que en 2023 la región, que apenas contaba con 26.000 habitantes, albergaba cerca de dos millones de animales explotados.
Esto supone una presión ambiental insostenible y riesgos para la salud de los habitantes de la zona, puesto que la actividad industrial dispara los niveles de nitratos y bacterias resistentes a los antibióticos en fuentes y pozos, incluso superando los límites legales.
«Tengo miedo de beber el agua de nuestros pozos… Las autoridades locales argumentan que el agua está en buen estado, pero sabemos que no es cierto», declaraba el presidente de la asociación de vecinos, Pablo Álvarez Veloso, al medio El Salto.
«A pesar de ser plenamente conscientes del impacto real que la ganadería industrial ejerce sobre la zona, continúan autorizando estas explotaciones de manera permisiva y reiterada», se pronunciaba Nieves Noval, abogada de una de las ONG que apoya el caso, ClientEarth.
Se trata de una acción legal pionera en Europa, ya que es la primera vez que un tribunal evaluará el impacto de la ganadería industrial sobre los recursos hídricos desde una perspectiva de derechos humanos.
Autora: Ariadna Coma, Periodista
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