En la actualidad, la caza se presenta a la sociedad como una “herramienta de gestión y conservación del Medio Ambiente”, que se ve apoyada económica y públicamente por algunas administraciones. El colectivo se declara “parte de la naturaleza”, alegando ser el único que conoce su verdadera realidad, y por tanto el único capaz de gestionarla.
Pero la realidad es muy distinta: la actividad de la caza se ha convertido en una industria, con grandes beneficios económicos, con gran poder y con privilegios, un enorme lobby que antepone sus intereses y su “afición”, cada vez más incomprendida por una sociedad que evoluciona hacia métodos más éticos, sensibles y que reclama medidas urgentes en este sentido.
La caza no tiene solo una incidencia directa sobre las especies que contempla, que son muchas, sino que además, es causa de una gran diversidad de consecuencias indirectas que afectan a otras especies y a sus hábitats: mata a más de 25 millones de animales cada año en España; causa importantes desequilibrios en el ecosistema; es una importante fuente de contaminación; se retroalimenta a sí misma a través de granjas que crían especies que luego se sueltan para ser cazadas; limita enormemente los derechos del resto de la sociedad y utiliza perros como instrumento.
Con el inicio de la temporada en octubre, sólo en España, decenas de miles de perros son utilizados como herramienta y, al finalizar, a menudo se desechan y abandonan cuando ya no son útiles. Además, muchos de ellos viven en las llamadas rehalas, herramienta fundamental para la caza de montería “a la española” utilizada básicamente para matar jabalíes y ciervos. En las rehalas y en las perreras deportivas de caza, frecuentemente se mantiene a los perros en dudosas condiciones: comúnmente en jaulas, con una falta de atención veterinaria regular, que en algunos casos es total, y en otros muy escasa, muchas veces en condiciones insalubres y/o en zulos asfixiantes, obligados a dormir entre sus propios excrementos, atados a cortas cadenas, sin la suficiente agua ni comida ni la atención adecuada que necesitan. Los perros salen de sus jaulas sólo para entrenar o para las cacerías, para lo que son transportados en pequeños remolques, en condiciones que también causan mucha controversia, ya que son motivo de quejas e inspecciones. Durante las cacerías varios animales resultan heridos, y a veces estas heridas suponen costes veterinarios tan altos que los propietarios prefieren sacrificar a los perros, en ocasiones con métodos crueles y arcaicos, o abandonarlos a su suerte en el monte.
A pesar de haber constatado que esta realidad se repite en muchas perreras de caza alrededor de España, las administraciones competentes siguen realizando un mínimo control sobre ellas y las sanciones que se interponen son irrisorias. Particularmente en Cataluña, el pasado semestre se actualizó el importe de las sanciones hacia el colectivo que habían permanecido intocables desde 1970. Desde ese momento, la Federación Catalana de Caza, ha venido realizando distintas peticiones que, en caso que fueran aceptadas, la Consejería de Territorio y Sostenibilidad ampararía privilegios para el sector que supondrían un menoscabo para el bienestar de los perros de caza y que, en algún caso, no se ajustarían a la legalidad vigente.
Uno de los principales motivos por el cual se abandonan cerca de 105.000 perros cada año en España es el fin de la temporada de caza
En concreto, los cazadores en Catalunya han solicitado a la Generalitat que se les permita tener hasta 20 perros de más de 8 meses (y un número ilimitado de perros menores de 7 meses) utilizados para la caza de ungulados, sin necesidad de estar inscritos en el registro de núcleos zoológicos; la amputación de orejas y rabos con un mero informe veterinario que lo avale; y que los perros considerados potencialmente peligrosos -que por su gran fuerza física y tamaño causan grandes destrozos y un gran sufrimiento a los animales salvajes, y a los que se les entrena para el ataque, actividad totalmente prohibida- puedan estar sin bozal en las batidas.
Tal como indica la propia Orden del 28 de noviembre de 1988 del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, para la creación del registro de núcleos zoológicos, su finalidad es la de asegurar la protección y el mantenimiento en condiciones adecuadas de los animales acogidos en centros como perreras deportivas, centros de cría, residencias o refugios. El hecho de no estar inscritos en dicho registro fomentará que no se pueda controlar el estado en el que se encuentran los perros en dichos lugares; perdiendo el derecho que en la actualidad les ampara al respecto. La actual labor inspectora de la administración, que tiene como objeto comprobar las condiciones de mantenimiento y estado de los perros destinados a la caza, se verá en el mejor de los casos obstaculizada al no estar ya en un núcleo zoológico, sino en una propiedad privada. Los perros se encontrarán en lugares que no tendrán la obligación de contar con las condiciones mínimas (sanitarias, ambientales, etc.), ni existirá un control de la entrada y salida de animales mediante el libro de registro exigidas a los núcleos zoológicos y de lo que estarían también exentos de obligación.
Ya sería hora que la Consejería de Territorio y Sostenibilidad dotara de los medios humanos y económicos necesarios para paliar la gravísima problemática de sobrepoblación, maltrato y abandono de perros que sufre Catalunya
Sin duda, las políticas promovidas por la Generalitat deberían ir enfocadas a la prevención para empezar a poner solución a la grave problemática de maltrato y abandono de animales de compañía (fin a la cría de perros de particulares, control exhaustivo de los centros en los que se mantienen, de la identificación, etc.) que redundaría en un ahorro del coste que a la administración le supone la recogida y mantenimiento de los perros que viven hacinados en los centros de acogida, muchos de ellos, desechos del cruento hobby que es la caza. Las organizaciones recordamos que uno de los principales motivos por el cual se abandonan cerca de 105.000 perros cada año en España es el fin de la temporada de caza, según el estudio anual “Él nunca lo haría” de la Fundación Affinity sobre el abandono, la pérdida y la adopción de animales de compañía.
Ya sería hora que la Consejería de Territorio y Sostenibilidad dotara de los medios humanos y económicos necesarios para paliar la gravísima problemática de sobrepoblación, maltrato y abandono de perros que sufre Catalunya, porque hasta la fecha ha dejado claro su desinterés total y absoluto mostrándose incapaz de aprobar medidas contundentes que ayuden a poner solución a esta lamentable situación que viven los animales.
Respecto a la amputación de orejas y rabos recordamos que su prohibición fue uno de los mayores avances en materia de bienestar animal, por lo que cualquier modificación en la situación actual sólo podría considerarse como un retroceso en este ámbito y, por consiguiente, nos oponemos rotundamente ya que se ampararía administrativamente a lo que en la actualidad es un delito de maltrato animal.
La Generalitat de Catalunya, en concreto la Consejería competente, parece que, para contentar a un colectivo que en estos momentos está realizando una fuerte presión a la administración por la subida del importe de las sanciones, está dispuesto a canjear el bienestar de los perros utilizados en el sector cinegético.
Desde las entidades FAADA, Ecologistes en Acció, AnimaNaturalis, Fundació Fauna, ADDA, Depana, AVDA, Libera! y Lex Ànima, hemos mostrado nuestra gran preocupación y trabajamos para poner de manifiesto que hay que construir una nueva normalidad «donde los privilegios de unos pocos dejen de ir en contra del derecho general a disfrutar de la naturaleza, ya sea como excursionistas, ciclistas o buscadores de setas. Una nueva normalidad donde se tengan en cuenta las alternativas que desde la ética hacia los animales y la sostenibilidad se plantean desde los sectores ambientales desde hace años.
Para más información: www.faada.org
Autora: Carla Cornella, presidenta de FAADA
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Bueno y Vegano Octubre 2020
